SOBRE CULTURA Y PAZ – SEGUNDA PARTE

Lo que voy a afirmar en esta nota de opinión es bastante controversial. Es posible que muchas personas estén en desacuerdo y es por ello que el asunto me parece más interesante. En primer lugar, parto de que vivimos en un país que hemos ido organizando para vivir en paz, donde hemos ido construyendo la convivencia y con ello las normas para compartir lo que es de todos y garantizar que podemos solucionar las discrepancias y llegar a acuerdos ciertos. Como fruto de los esfuerzos de varias generaciones tenemos en general un conjunto de leyes, normas, disposiciones, etc., que nos dicen a qué atenernos y cómo convivir. Es así como hay acuerdos para convivir en las calles, unos con los vehículos y otros como peatones. También existen leyes con respecto a cómo hacer realidad nuestros derechos, porque también hemos definido cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. Y añadamos que incluso hemos acordado cuál es el procedimiento para cambiar las normas que, cuando ha sido el caso, hemos utilizado.

Eso es más o menos lo mismo en todas partes. Los métodos que se han utilizado son un tanto distintos en unas o en otras partes, pero al final en países como el nuestro lo hemos conseguido partir de un método que llamamos democracia. Así pues, en todas partes hay un ordenamiento jurídico que se ha levantado a través de los años y que nos organiza la vida en prácticamente todas las materias, desde en dónde se puede parquear el vehículo hasta cuáles son los requisitos y procedimientos para que alguien se reconozca como un profesional idóneo en alguna área específica y nos construya una casa o nos diagnostique una molestia estomacal.

Y en eso llevamos unos 400 años, recogiendo además las experiencias de otros países y discutiendo muchas otras opciones y reformando los códigos y las constituciones. Y en eso se han hecho tantos esfuerzos y gastado tanto tiempo para que de la noche a la mañana venga alguien a decir que no paga impuestos porque para qué si se roban la plata. O explícitamente afirma que no va a cumplir con los códigos porque le parece que están mal hechos. O decide pasarse el semáforo en rojo porque le parece que está mal puesto.

Ahora resulta que, en general, para los colombianos las normas son opcionales y el que las cumpla o no es cuestión de la razón, esto es, que se trata de una reflexión circunstancial, o sea que reflexionando se puede decidir en el momento, si se cumple o no con lo que está dispuesto o establecido.

A mi juicio, todo esto es una característica de nuestra cultura. Para nosotros, nuestras conductas (nuestras acciones) obedecen a decisiones circunstanciales (racionales o no) que se toman en el momento. Eso no es así para otras culturas. En algunas partes las normas existen como existen para ser interiorizadas y obrar de acuerdo con ellas de manera automática, sin siquiera ser objeto de reflexión. Es así como en asuntos de las ciudades las calles se cruzan en las zonas previstas para ello (haya o no cebras) y no por cualquier parte.

Aquí el asunto es supremamente disparatado. Es tan asombroso que con la disculpa de los robos y la corrupción hay quienes eluden el pago de impuestos y afectan así precisamente los programas sociales y el funcionamiento del país.

Es tan sorprendente la cosa que las aplicaciones de apoyo a la movilidad avisan en donde hay detectores de infractores por violar la máxima velocidad para ayudar así a eludir el cumplimiento de la norma y el mantenimiento de la impunidad y el desorden.

Con respecto a la movilidad anotemos un par de anécdotas vivas en Bogotá. Recordemos que las vías se han construido para el desplazamiento de los vehículos, no son para parquearlos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo hemos llegado al colmo de la contradicción (incluyendo conductas de la alcaldía misma) que alquilan la vía para parquear y permiten el uso de las vías públicas para lo que sea? La alcaldía no tiene derecho a cambiar el uso de las vías sobre todo cuando en muchas partes son insuficientes para la movilidad. Las normas en general restringen el parqueo en las vías públicas.

Y desconociendo lo que se paga como contribución o impuesto para mantener la malla vial (todos pagamos anualmente el derecho a utilizar las vías) se instaura el pico y placa (arbitrariamente, sin devolver lo que se pagó para todos los días) y luego se decreta que si se tiene con qué pagar y quiere hacerlo puede hacer otra vez el pago y así redimir el pico y placa, que de manera cínica denominan pico y placa solidario. Se convierte esto en un elogio a inequidad y la arbitrariedad. Si todos tuviésemos con qué pagar y pagáramos, se acabaría el pico y placa y simplemente todos pagaríamos más por ninguna medida va cambio… ¡Qué interesante!

En asuntos de movilidad hay muchos más ejemplos de abuso e incoherencia, pero digamos que el cumplimiento de la ley “a la carta” es una variedad muy fértil en nuestra patria no solo para los ciudadanos sino también parta las autoridades.